La triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina es un mundo que tiene una vida económica propia en la que subsisten diferentes microclimas. Una parte importante de la fuerza comercial está relacionada con el tráfico de productos a través de estas fronteras nacionales, que mantiene una gran industria ilegal en la región.

En el centro de Sudamérica, la triple frontera entre las ciudades de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay) es un foco de delitos de todo tipo. La ciudad paraguaya, de unos 250.000 habitantes, está unida a Brasil por el “Puente de la Amistad”.

Más de 40 mil vehículos y más de 80 mil peatones lo cruzan diariamente. Conectando Argentina y Brasil en la misma región, el “Puente de la Fraternidad” recibe 5 mil vehículos diarios. La frontera Brasil-Uruguay se extiende a lo largo de toda la frontera sur del estado brasileño de Rio Grande do Sul.

Las mercancías llegan a Ciudad del Este desde distintas partes del mundo a través de la aduana municipal o de la aduana del Aeropuerto Guaraní, a 15 kilómetros por carretera.

Las 3.366 toneladas de agroquímicos que llegaron a Paraguay a través de estos dos puertos representan el 27% de todas las importaciones del país en 2022, según datos de  la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Al mismo tiempo, las incautaciones de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes y otros elementos utilizados en los cultivos) se han disparado en los últimos años: en 2022 se confiscaron 29.000 botellas, cajas y bolsas en el lado brasileño. Todo venía de Paraguay.

Esto supone un aumento del 549% respecto al total incautado en 2021, unos 4.500 artículos. 

Escenario mafioso

El comandante del Batallón de Frontera de la Policía Militar en Brasil, André Dorecki, no tiene dudas de que el contrabando de agroquímicos ha unido fuerzas con el crimen organizado, que controla las rutas ilegales a lo largo de la frontera entre Paraguay y Brasil.

La mayoría de los delitos se refieren a marihuana y cigarrillos y están involucrados con el tráfico de drogas en 139 ciudades vigiladas por el Batallón en el estado brasileño de Paraná. En la mayoría de las incautaciones de los últimos años había agroquímicos.

Una fuente policial paraguaya – no identificada por su seguridad – afirma que el valor de los agroquímicos ha despertado el interés de las bandas. En la región del Alto Paraná, estos productos son incluso robados de las granjas. Lo mismo ocurre en el estado argentino de Misiones, fronterizo con Brasil y Paraguay.

“Sólo un productor perdió casi US$ 50.000 (R$ 260 mil o ₲$ 358 millones de guaraníes) de agroquímicos”, dice Rubén Sanabria, ingeniero y director de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), una asociación privada de productores rurales. 

En febrero de 2020, las autoridades paraguayas incautaron casi 20.000 cartones de cigarrillos y 103 cajas de agroquímicos. La Operación Reserva fue llevada a cabo por personal militar, agentes de la DNA y la Fiscalía Federal de Paraguay. 

See allanaron cinco depósitos en la ciudad de Salto del Guairá, también fronteriza con Brasil. Hasta ese momento, fue la mayor operación contra el contrabando del gobierno de Mario Abdo Benítez, juramentado en agosto de 2018.

El tráfico de agroquímicos está afectando la imagen del sector agrícola. “Queremos quitarnos la idea de que los productores [rurales] son culpables, que hay mucho contrabando de esto y aquello. Ellos no son los que traen la mercadería”, dice Sanabria, de la Coordinadora Agrícola Paraguaya (CAP). 

“Los organismos del Estado paraguayo tienen que controlar [la criminalidad]. Los productores muchas veces somos avasallados por las autoridades”, añadió.

A pocos kilómetros de Ciudad del Este, un gigantesco almacén de la Receita Federal brasileña acumula mercancías incautadas. La gran mayoría procede de Paraguay. Los artículos permanecen allí hasta que son subastados o destruidos, como en el caso de los agroquímicos.

En 2021, se eliminaron ocho toneladas de estos productos. En 2022, la cantidad se disparó a 52 toneladas. El crecimiento de casi el 600% superó al de cualquier otro producto ilícito, incluida la marihuana, según datos de la Agencia Tributaria de Brasil.

Importaciones monstruosas

Un informe de la ONG Base Social Investigations (BaseIS) revela que, entre 2016 y 2017, Paraguay importó el 6,2% de todos los agroquímicos vendidos en el mundo, con un ingreso total de 52.067 toneladas de estos productos.

Cifras de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) indican que, entre 2018 y 2022, Paraguay importó 199.286 toneladas de agroquímicos. El año pasado, el 48% de estas importaciones provino de China.

Para Sanabria, de la Coordinadora Agrícola Paraguaya (CAP), es urgente que las autoridades nacionales tomen medidas sobre el uso ilegal de agroquímicos, ya que perjudica a los productores que actúan dentro de la legalidad.

“[Las autoridades] tienen que actuar, porque saben que las cantidades importadas y consumidas no coinciden. Nos hemos convertido en un ‘país de triangulación’ que perjudica a las empresas de ambos países que pagan impuestos y trabajan honradamente”, afirma.

Sanabria es un empresario agroindustrial que vive en Hernandarias, un municipio a 15 kilómetros de Ciudad del Este. Destaca cómo la entrada y salida de agroquímicos ha cambiado radicalmente en el país en las últimas décadas.

“Hace 20 o 30 años, los agroquímicos ilegales venían de Brasil. Hoy, Paraguay es un país que trae materias primas y produce muchos agroquímicos, y esto ha atraído a los traficantes de estos productos al mercado brasileño”, describe.

Enlaces peligrosos

Estados y municipios del centro y el sur de Brasil concentran desde mediados de la década pasada las incautaciones nacionales de pesticidas traficados, falsificados o robados, según datos policiales evaluados por ((o))eco. 

Eldorado y la capital Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, concentran estos crímenes. El estado es campeón nacional en estas actividades ilícitas. 

La mayor Incautación fue de 54,5 toneladas de pesticidas en mayo de 2017, en Eldorado. El municipio está a 40 km por carretera de Paraguay. 

De junio a septiembre de 2022, una operación policial decomisó 190 toneladas de pesticidas ilegales en fronteras y carreteras, especialmente en el sur del país. También se incautaron miles de cigarrillos, bebidas, armas y automóviles. La mercancía se valoró en 4,3 millones de reales, unos 830.000 dólares.

La ONG Instituto Fronterizo de Desarrollo Económico y Social (Idesf) señala que el mayor tráfico de pesticidas ilegales del país se dan en las carreteras BR-163 y BR-116. Las carreteras atraviesan zonas agroindustriales y tienen conexiones con Paraguay y otros países vecinos.

Los paquetes con polvo y galones de veneno se camuflan bajo cargas de leña, soja, maíz y otros cereales. Se esconden en tractores, cosechadoras, coches y autobuses. Incluso se atrapa a ciclistas. Los sobres de herbicidas como el metsulfurón, utilizado en avena, maíz, soja y trigo, son muy pequeños y complican la inspección.

El jefe de la Unidad de Delitos Transfronterizos de la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil, Marco Palhano, afirma que las cargas más pequeñas que circulan por autopistas, carreteras y ríos pueden acumularse en camiones y remolques hasta llegar a zonas productivas de Brasil.

"Hay más tráfico y otros delitos en las épocas en las que se preparan las cosechas y en las épocas y rutas menos favorables para la inspección", afirma el agente, que lleva luchando contra estos delitos desde los años noventa. 

"Hay empresas de seguridad para los camiones que transportan agrotóxicos de Paraguay al interior de Brasil", añade Eric Cardin, del Laboratorio de Investigación sobre Fronteras, Estado y Relaciones Sociales (LAFRONT) de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (Unioeste).

Los productos falsificados proceden del país vecino, pero hay fraudes incluso en ciudades como Ribeirão Preto, Franca y São José do Rio Preto, en el interior del estado de São Paulo, o en la gran Goiânia, capital del estado de Goiás. 

"Son áreas donde copian envases y etiquetas cada vez con más técnica", informa Nilto Mendes, gerente del Comité de Combate a los Productos Ilegales de CropLife Brasil, que reúne a los principales fabricantes de pesticidas del país.

Hay 33 ciudades hermanadas con otros países en los más de 16.000 km de fronteras secas y fluviales de Brasil. Catorce de ellas están conectadas por puentes internacionales, según el Idesf. Entre Brasil y Paraguay hay casi 1.400 km de fronteras secas y fluviales. 

"No hay forma de controlar el tráfico y otros delitos en toda esta área", dice el consultor Fernando Marini. Trabajó durante casi 40 años en el mercado de los agroquímicos y hoy forma a policías, empresas y productores para hacer frente a los delitos relacionados con esos productos.

"Aviones despegan de Paraguay y países vecinos para fumigar los cultivos a lo largo de la frontera con productos prohibidos en Brasil", revela el consultor. 

Es probable que la situación empeore con las nuevas conexiones transfronterizas. Entre Porto Murtinho (Brasil) y Carmelo Peralta (Paraguay), las obras del puente bioceánico comenzaron el pasado noviembre y están financiadas por Itaipú Binacional, empresa propiedad de ambos países para generar energía hidroeléctrica.  

El puente puede reducir el tiempo y los costos de viaje de las empresas de los países del Mercosur -el bloque económico sudamericano creado en 1991- con los mercados de Asia, Oceanía y Estados Unidos.

En Paraná, el puente entre la brasileña Foz do Iguaçu y la paraguaya Presidente Franco está casi listo. En el estado de Rio Grande do Sul, las obras de tres puentes hacia Argentina fueron acordadas en enero por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández. 

El pasado noviembre, la Policía Federal cartografió 300 puertos ilegales entre la brasileña Foz do Iguaçu y la paraguaya Guaíra. Todos a lo largo del río Paraná y del lago de la presa hidroeléctrica de Itaipú, que tiene una extensión de 1.350 km², un área ligeramente inferior a la de las capitales de São Paulo (SP) o Londres (UK).

También se dan casos flagrantes en los puertos marítimos. El pasado agosto se confiscaron en Itapoá, en la costa del estado de Santa Catarina, 60 mil litros de paraquate y otros venenos procedentes de China. La sustancia está prohibida en Brasil. El cargamento estaba mezclado con productos químicos para tratar el agua. 

"Donde hay una agricultura desarrollada, existe este problema [del uso ilícito de agrotóxicos]", resume el consultor Fernando Marini.

Bolsillos vacíos

Las confiscaciones de pesticidas ilegales en Brasil cayeron entre 2018 y 2019, pero han crecido desde la pandemia del Covid-19, reconocida en marzo de 2020 por las Naciones Unidas. La crisis ha cerrado fábricas y puertos en China - el mayor productor mundial de estos productos -, ha apreciado el dólar y ha reducido el comercio legal.

"En China, las asociaciones comerciales entre provincias [estados] y fabricantes de productos agroquímicos son habituales. Los gobiernos chinos ganan mucho dinero con ello", afirma el consultor Fernando Marini.

Las incautaciones incluyen herbicidas e insecticidas prohibidos por el gobierno, como el paraquate y el benzoato, utilizados en los cultivos de soja, maíz, algodón y judías. Algunos productos se utilizan para acelerar las cosechas y reducir las pérdidas por sequías graves, como la que ha azotado el sur de Brasil en los últimos años.

La información del Sindicato Nacional de la Industria de Defensa Vegetal (SINDIVEG) muestra que las importaciones irregulares ya representan la mitad de las incautaciones de pesticidas en Brasil. En 2010, este índice era solo del 5%.

Durante dos décadas, Paraguay ha sido el mayor puente hacia Brasil para los delitos relacionados con venenos. Cantidades menores llegan desde Argentina y Uruguay.
Los pesticidas traficados, falsificados y robados ocupan el 25% del mercado brasileño. La media mundial es del 15%, afirma CropLife Brasil.

"El objetivo siempre es reducir costes ante las crisis económicas o climáticas. Los artículos ilícitos son mucho más baratos que los legales, pero no recaudan impuestos ni envases usados [como exige la legislación brasileña]", afirma el consultor Fernando Marini.

Un estudio de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), señala que los artículos traficados cuestan entre el 10% y el 20% de los productos vendidos en Brasil. La diferencia se debe a los impuestos, a las normativas consideradas rígidas para liberar productos y a la reserva de mercado garantizada por los elevados impuestos de importación.

"Los precios de los productos dentro de los países son muy desiguales. Además, los impuestos de importación son elevados para proteger los precios de estos productos en el mercado brasileño", explica Eric Cardin, de Unioeste.

Cálculos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) de la Universidad de São Paulo (USP) muestran que el alto costo de los insumos, como los pesticidas, es la principal causa de la caída de la participación del agronegocio en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, del 27% (2021) al 25% (2022).

Pérdidas y daños

El mercado de plaguicidas en Brasil mueve R$ 75 mil millones anuales, cerca de US$ 14,4 mil millones. Las pérdidas fiscales y económicas debido a delitos con insumos agrícolas fue de R$ 20,8 billones en 2022, equivalente a US$ 4 billones, dice el Foro Nacional contra la Piratería y la Ilegalidad (FNCP).

"Cualquier inversión contra estos crímenes es barata en vista de sus daños. Necesitamos acciones permanentes para investigar y castigar a los que se benefician económicamente de estos ilícitos", afirma el diputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), uno de los brasileños en el Parlasur, el parlamento del Mercosur.

El comercio y el transporte de productos agroquímicos requieren licencias federales, pero innumerables brasileños arriesgan la vida, la libertad y la propiedad por beneficios a corto plazo. Unos R$1.000 -el equivalente a menos de US$200[7] - suelen pagar por traficar con 100 litros de Paraquate.

Marco Palhano, de la Policía Federal de Carreteras, explica que las "mulas" -personas que transportan artículos objeto de tráfico- suelen recibir instrucciones para la entrega durante sus viajes, incluso a través de WhatsApp.

Muchas personas pilladas in fraganti son detenidas y se convierten en acusados principales. Los coches y otros vehículos de los sospechosos pueden ser subastados por el Servicio de Impuestos Internos.

Los agricultores a los que se sorprenda utilizando agrotóxicos ilegales pueden ver destruidas sus cosechas. Los productos diluidos o mezclados con otros químicos pueden no controlar las plagas e incluso destruir los cultivos. "Los productores de caña de azúcar de Mato Grosso perdieron hasta 3.000 hectáreas de una vez y se disgregaron", afirma el consultor Fernando Marini.

Pérdidas como éstas rara vez se hacen públicas. Al fin y al cabo, los productores se tragan sus pérdidas en silencio para evitar ser multados por comprar y utilizar artículos ilegales.

Enfrentarse a tóxicos desconocidos y a bandidos que huyen también supone una amenaza para los inspectores. "Los pequeños vehículos suelen hacer caso omiso de la orden de alto e intentan huir a gran velocidad. Durante las inspecciones de otros productos, como cigarrillos, han prendido fuego a sus coches y los han arrojado contra los agentes de policía", afirma.

Vínculos político-económicos

Bajos impuestos y beneficios legales mantienen el comercio de insumos agrícolas de numerosas empresas abiertas por brasileños en Paraguay, especialmente "maquiladoras". Exportan productos ensamblados con insumos de todo el mundo, con cero impuestos a la importación y otras ventajas.

"Hay esquemas de importación, producción y contrabando de plaguicidas a partir de compras legalizadas por empresas en Paraguay", destaca Fernando Marini. "Muchas poblaciones fronterizas no ven esto como un delito", añade Nilto Mendes, gerente de CropLife Brasil.

Las disparidades normativas y fiscales en Mercosur también fomentan los delitos relacionados con los agroquímicos. "Ningún país vecino ha prohibido el paraquat, por ejemplo. Esto favorece su tráfico hacia Brasil, que ha prohibido su uso", añade Mendes.

El diputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) explica que, a diferencia de la Unión Europea, Mercosur aún no tiene directrices comunes en materia económica, sanitaria, medioambiental o de inspección.

"Hay iniciativas nacionales [para combatir los delitos relacionados con los pesticidas], pero no conozco ninguna acción colectiva. Pero los países implicados tienen que actuar conjuntamente en las fronteras. La responsabilidad no es unilateral", subraya.

Cultivos tóxicos

Estados Unidos, Brasil, China y Argentina son los mayores consumidores mundiales de pesticidas y herbicidas. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el país tiene la tercera mayor superficie agrícola absoluta del mundo, unos 3,5 millones de km2 . Representa el 41% del territorio nacional y es mayor que India.

Marina Lacôrte es coordinadora de la Campaña de Agricultura y Alimentación de Greenpeace Brasil. Para ella, las actividades ilícitas vinculadas al comercio y uso de plaguicidas están directamente relacionadas con un agronegocio nacional basado en el monocultivo de productos básicos para el consumo interno y la exportación.

Desde enero de 2019 hasta finales del año pasado, el Gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro liberó 2.182 nuevas sustancias en Brasil, un récord entre todas las administraciones anteriores. "En lugar de priorizar las sustancias menos tóxicas, el Gobierno ha acelerado el análisis de todos los productos químicos", critica la activista.

Muchos productos aprobados en Brasil han sido prohibidos en todo el mundo, pero siguen industrializándose en países que ya no los consumen. El paraquat se exporta desde China, pero su uso está prohibido en ese país. También ha sido severamente restringido en Estados Unidos y Australia.

La mayoría de los plaguicidas liberados en el gobierno de Bolsonaro provienen de China y casi la mitad tienen sustancias vetadas en la Unión Europea, muestra un estudio de Sônia Hess. Es posdoctora en Química por la Universidad Federal de Santa Catarina, Universidad Estatal de Campinas y Cattolica del Sacro Cuore (Italia).

Para el diputado Chinaglia, el uso de estos productos convierte a los brasileños en "ciudadanos de segunda clase" y puede socavar los acuerdos con requisitos sanitarios y medioambientales. En discusión, el acuerdo Mercosur-Unión Europea puede reducir o anular los aranceles del 90% de los productos comercializados entre los bloques. Esto podría ampliar enormemente las exportaciones brasileñas.

"Al mismo tiempo, nuestras exportaciones pueden estar contaminadas por pesticidas prohibidos en el bloque europeo. Esto abre una ventana a los conflictos comerciales", recuerda el parlamentario.

Para su comercio en Brasil, la eficacia contra las plagas y los riesgos para la salud humana y ambiental de los plaguicidas son ponderados por las carteras de Agricultura, Salud y Medio Ambiente. Sin embargo, los análisis se han precarizado bajo el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, aumentando los riesgos para la población y los productores.

"La estrategia del Gobierno ha sido ampliar el control fronterizo, pero al mismo tiempo agilizar el uso de productos antes prohibidos en Brasil, aumentando la oferta en el mercado nacional y favoreciendo la reducción de los costes de producción", señala el Laboratorio de Investigación sobre Fronteras, Estado y Relaciones Sociales (LAFRONT) de la Universidad Estatal del Oeste del Paraná (Unioeste).

Casi 4.700 agrotóxicos están autorizados en el país y otras sustancias podrán ser liberadas en mayor cantidad y velocidad si el Congreso Nacional aprueba el "Paquete Veneno", así llamado por las ONGs. Aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado.

Las entidades civiles resumen que el texto sustituye el término "agrotóxico" por "plaguicida" y "producto de control ambiental", permite las mezclas, las prescripciones previas a la aparición de plagas y las importaciones de elementos cancerígenos, reduce los plazos de aprobación y debilita la evaluación de riesgos ambientales y sanitarios.

"La liberación masiva de plaguicidas está ligada al crecimiento del área productiva nacional, interesa a la bancada ruralista y a las empresas del sector y termina estimulando el comercio legal y criminal de estos químicos", destaca LAFRONT.

"En general, la entrada regular o irregular de plaguicidas en el país garantiza el principal objetivo de dichas industrias: el oligopolio sobre las semillas y sobre los demás componentes químicos utilizados en todas las etapas del ciclo productivo", destaca la publicación.

Según Marina Lacorte, se multiplican las investigaciones que confirman la contaminación de aguas, suelos, personas y biodiversidad, la destrucción de polinizadores y la proliferación de enfermedades ligadas a los pesticidas, como el cáncer.

"La inspección se queda muy corta ante los riesgos de estos productos, aún más falsificados y adulterados. El mundo está en vías de reducir el uso y prohibir estas sustancias", afirma el activista.